La Fiscalía expidió una resolución para establecer los lineamientos para orientar la investigación de los crímenes y amenazas cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación. 

“Esta decisión fortalece la respuesta institucional respecto a las agresiones contra la prensa, al incorporar estándares más rigurosos, oportunos y con enfoque diferencial, en reconocimiento del papel esencial que cumple el periodismo en la sociedad”, informó la Fiscalía. 

El ente acusador precisó que “las expresiones de violencia contra periodistas, además de afectar a las víctimas de manera individual, impactan directamente el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público”.

El acto administrativo dispone que las investigaciones deben desarrollarse con una comprensión amplia del contexto, considerando tanto la agresión sufrida por el periodista como los hechos que este venía denunciando o verificando en ejercicio de su labor, con el fin de identificar posibles móviles relacionados con censura o retaliación por poner en evidencia intereses ilícitos. 

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“La Resolución 00119 de 2026, fija un estándar de debida diligencia reforzada para que los fiscales actúen con celeridad, de manera exhaustiva y con rigor técnico, evitando dilaciones injustificadas y garantizando la recolección, preservación y análisis integral de las pruebas”.

 Asimismo, introduce medidas específicas para casos que impliquen riesgo actual o inminente para la vida, la integridad o el ejercicio periodístico, en los que se deberá priorizar la protección de la víctima, la verificación inmediata del riesgo y la activación de mecanismos de protección o que prevengan nuevas agresiones. 

“De igual manera, incorpora un enfoque diferencial que permite reconocer la condición de periodista a partir del ejercicio real de la labor informativa, sin exigir acreditaciones formales, incluyendo a quienes desarrollan su trabajo en entornos digitales. Con esta perspectiva, cada caso será analizado teniendo en cuenta el posible efecto de amedrentamiento o autocensura, así como su impacto en la circulación de información de interés público”, detalló la Fiscalía.

La parte operativa

La Fiscalía indicó que “se fortalecen los procesos de recepción, registro y enrutamiento de denuncias, con el propósito de garantizar una adecuada identificación de la condición de la víctima y del nexo entre los hechos denunciados y su actividad periodística”. 

La resolución también permite la articulación de las distintas dependencias y direcciones especializadas de la Fiscalía para facilitar “el intercambio de información, el análisis conjunto de los casos y la identificación de patrones criminales, y así evitar la fragmentación de las investigaciones y mejorar la efectividad en la respuesta”. 

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Por último, el ente acusador “fija un canal permanente de interlocución con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, lo que permitirá fortalecer la prevención, el acompañamiento a las víctimas y la obtención de información relevante para las investigaciones. También se prevé la puesta en marcha de planes de capacitación dirigidos a fiscales y servidores encargados de la recepción de denuncias”.

Esta resolución se conoce tras la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista local El Confidente, desaparecido desde el pasado martes 5 de mayo en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia. 

El General (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, aseguró que “todo apunta  a que fue asesinado por los integrantes de este grupo disidente, frente 36, que obedece a las acciones criminales de alias ‘Calarcá’, pero hemos tratado de ser prudentes porque creemos que hasta que no haya un cuerpo, no podemos hablar de un homicidio y por eso hemos tratado el caso como desaparición”.